Han pasado cinco décadas desde que España abandonó el Sáhara Occidental, y el conflicto sigue sin resolverse. En 1975, el Acuerdo de Madrid cedió de facto el territorio a Marruecos y Mauritania, sin el consentimiento del pueblo saharaui. Desde entonces, la ONU ha reconocido el derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación, pero ningún país ha logrado presionar con eficacia para que se realice el referéndum prometido.
Marruecos controla actualmente casi el 80% del territorio, incluyendo las principales ciudades y los recursos naturales como fosfatos, pesca y energías renovables. El muro marroquí, una muralla de arena de más de 2.700 km, divide el territorio en dos: una zona ocupada y otra liberada por el Frente Polisario.
España, como antigua potencia administradora, tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui. El silencio político, la falta de reconocimiento y la complicidad comercial con Marruecos son una herida abierta para muchos activistas.
Mientras tanto, las condiciones en los territorios ocupados se endurecen: detenciones arbitrarias, censura a periodistas, represión a manifestaciones pacíficas. Y en los campamentos, la desesperanza crece entre los jóvenes que han pasado toda su vida en el exilio.
El caso saharaui es un claro ejemplo de cómo el derecho internacional puede ser ignorado cuando la voluntad política y los intereses económicos se imponen. Pero también es una muestra de que la memoria y la resistencia no desaparecen con el tiempo.
